Escuelas privadas ofrecen prácticas en empresa de forma ilegal poniendo a sus alumnos y a las empresas en peligro de recibir sanciones graves.

Últimamente algunas escuelas que ofrecen cursos privados con diploma propio, anuncian la posibilidad para sus alumnos de hacer prácticas no laborales en empresas para conseguir experiencia laboral, sin que esta actividad haya sido autorizada por la administración pública y sin comunicarla a la inspección de trabajo y al Servicio Público de Empleo Estatal.

Estas escuelas aprovechan el desconocimiento del público con respecto a la ley y la confianza de los alumnos, pero en realidad, los alumnos que realizan prácticas en empresas bajo un convenio privado entre la escuela y la empresa, sin la autorización del Servicio Público de Empleo Estatal, o sin ser dado de alta por la seguridad social, tienen la misma definición que los trabajadores ilegales y estarían sujetos a una sanción grave.

La ley en este aspecto es muy clara, solo permite realizar prácticas en empresas a personas con estudios universitarios o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional.

Por tanto, una escuela privada que ofrece un curso profesional de carácter privado sin que tenga certificado de profesionalidad y sin que haya sido supervisada por un organismo público autorizado, no tiene el derecho a firmar convenios de prácticas no laborales.

El alumno que realice prácticas no laborales sin autorización, sin ser dado de alta por la seguridad social y sin cobrar, puede ser sancionado por hasta 7000 euros y algunas sanciones administrativas, como no poder solicitar subvenciones y cursos públicos, además si ocurre un accidente en el trabajo, no estaría cubierto y la multa a la empresa puede llegar a más de 100,000 euros.

Por:

  • No formalizar un contrato de trabajo por escrito está considerado una infracción grave, que será castigada con multa de entre 625 a 6.250 euros
  • No dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social (ni cotizar por dicha contratación) supone la comisión de una infracción grave según el siguiente (artículo 40.1 d.2) LISOS): en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % , por lo que se expone a la sanción, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 %. Además, el hecho de no haber dado de alta al trabajador implica que éste, automáticamente, adquiere la condición de trabajador fijo (artículo 15.2 del Estatuto de los trabajadores) y, junto con la apertura del indicado “acta de infracción”, al empresario también se le iniciará un expediente para que abone (con carácter retroactivo) todas las cantidades que, por cotización mensual, hubiera tenido que ingresar en la Seguridad Social.
  • Y, no pagar el salario debido a un trabajador, se considera infracción muy grave según el artículo 8.1 LISOS y se sanciona con multa de entre 6.251 a 187.515 euros (artículo 40.1 c) LISOS).

 

En fin, si una escuela privada te ofrece prácticas en empresa, pide ver la autorización del Servicio Público de Empleo Estatal, si no lo tiene, que sepas que estás en peligro de riesgo y de sanción.

Para evitar problemas elije escuelas que trabajen de forma legal y sujetas a supervisión de la administración y que no engañen en su publicidad.

 

Alon Meshel

Director

Naturaclass Formación S.L

 

Referencias:

  • Articulo 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores Artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores.
  • 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos.
  • D. 63/2006, de 27 de enero, de 27 de enero, por el que aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
  • Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
  • Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre.
  • Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
  • Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo al crecimiento y de la creación de empleo.
  • Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
  • Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
  • Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
  • http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_4/contenidos/guia_4_10_5.htm del ministerio de trabajo migración y seguridad social